Vía El Dínamo.cl

 

El viernes 11 de agosto pasado se reunieron en el pirulo y tradicional castillo Las Majadas en Pirque, los dueños, directores y gerentes generales de las empresas más poderosas del país con el objetivo de promover la cultura de la integridad empresarial, ello en respuesta a las prácticas abusivas e ilícitas cometidas por parte de muchas de ellas. El encuentro fue organizado por la influyente Corporación de la Producción y del Comercio (CPC), liderada por Alfredo Moreno, hombre fuerte de Penta y ex canciller de Piñera, quien en el ejercicio de ese cargo ministerial tuvo el despropósito de negar ante la OCDE el deplorable episodio de la ilegal planta termoeléctrica Campiche ejecutada por AES Gener en Puchuncaví.

Esos distinguidos prohombres hicieron un mea culpa por los diversos episodios deshonestos que se conocen y después de los discursos de rigor todos firmaron un acuerdo formal en el cual se comprometieron a respetar las reglas del juego de los mercados, apegándose siempre a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, lo cual, aunque tardío, debe ser valorado por la ciudadanía.

Sobre lo anterior, debemos tener presente que en el episodio MopGate, gobierno de Lagos, se entregaban sigilosamente sobres cerrados llenos de dinero a diversas autoridades y cuando ello se detectó, hubo un acuerdo político promovido por Longueira, mediante el cual se publicó la ley Nº 19.880 del Procedimiento Administrativo para rayar bien la cancha, evitando la repetición de esos pagos truchos.

Además se informó a la opinión pública, con ánimo tranquilizador, que nunca más se suministrarían esos indignos sobres, pues se aumentaron los sueldos en un alto porcentaje a todos los funcionarios del Estado, ello para impedir prácticas dolosas. Esa sustancial mejora salarial no produjo el efecto buscado ya que todos sabemos que continúan campantes los fraudes, los hurtos, los arreglines público-privados y todas las demás lacras que la prensa divulga.

Por ello sostenemos que esa publicitada actividad empresarial es una simple operación para cazar incautos y en tal sentido a continuación damos cuenta de una repetición de malos comportamientos de la importante empresa ENEA, propietaria de unas 2.000 hectáreas rurales en la comuna de Pudahuel, la que intentó ejecutar un Proyecto de Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) en 300 de esas hectáreas, negocio inmobiliario que no prosperó debido a la denuncia que hizo la fundación Defendamos la Ciudad en la Contraloría, pues ese privado, no se allanó a cumplir las obligaciones contenidas en la ley. Uno de los 2 propietarios de Enea era la española Enersis, hoy día de la italiana Enel, la misma que tiene dificultades para entregar el servicio de energía eléctrica a sus clientes cautivos.