El alcalde de Pirque, Jaime Escudero Ramos, inició una acción judicial penal ante el Juzgado de Garantía de Puente Alto con el objetivo de establecer un precedente sobre la responsabilidad en las redes sociales y frenar lo que su defensa considera una campaña de hostigamiento digital.
A través de su abogado, Juan Marcos Moreno Rosales, el edil presentó una querella en la que acusa a varios usuarios del grupo de Facebook “Persa Pirque oficial” de haber realizado publicaciones difamatorias y amenazantes el 6 de abril de 2026. Bajo nombres falsos como “PrettyShark5411” y “puntillanosmadeera”, los involucrados habrían lanzado insultos graves contra el alcalde, cuestionando supuestamente su estado de sobriedad y acusándolo de desatender las necesidades de conectividad de estudiantes y personas mayores.
La querella no se limita a simples ofensas personales. Los abogados argumentan que estos actos configuran los delitos de atentado contra la autoridad (artículo 266 del Código Penal) y de interferencia o interceptación informática, contemplados en la Ley 21.459 sobre delitos informáticos.
Uno de los aspectos centrales de la demanda es lograr la identificación real de los autores de los mensajes en un grupo que cuenta con más de 26.000 participantes. Por esta razón, el tribunal ordenó la participación de la Brigada de Cibercrimen de la PDI para realizar peritajes técnicos que permitan rastrear el origen de las publicaciones y determinar si hubo manipulación intencional de la información.
Además, se citó a declarar a la administradora del grupo de Facebook, quien deberá comparecer como testigo para explicar las medidas de moderación aplicadas (o no aplicadas) a los contenidos cuestionados.
En una estrategia poco habitual, la querella también solicita investigar el sistema informático de la Dirección de Tránsito de Pirque. El propósito es descartar o confirmar cualquier posible vínculo entre funcionarios municipales y el origen de estos ataques digitales, con el fin de desmantelar lo que el municipio percibe como una operación coordinada de descrédito que perjudica el normal funcionamiento de la administración pública.
En resumen, se trata de una ofensiva legal que busca no solo sancionar a los responsables individuales, sino también generar un precedente sobre los límites del discurso en redes sociales y la responsabilidad de los administradores de grupos masivos en plataformas como Facebook.
