En varios medios de prensa se destaca la promulgación del Royalty minero y como beneficiaría tanto a las comunas mineras, como a comunas del fondo común y gobiernos regionales.
Son tres los fondos por los cuales los municipios recibirían ayuda hasta por un 20% extra.
En algunos medios de circulación nacional hacen un hincapié que el proyecto no indica como se deben gastar los recursos.
¿Cuánto dinero recibiría cada municipio?:
“Los recursos a los que podrían acceder tras la aprobación del royalty minero”
El detalle obedece a una simulación para el Fondo de Equidad y para las comunas mineras. Sin embargo, podrían existir modificaciones una vez que se dicte el reglamento de la normativa. (fuente EMOL)
El impuesto a la gran minería quedó a un paso de convertirse en ley de la república, luego que ayer la Cámara de Diputados despachara el proyecto con 101 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.
El royalty minero busca mejorar la recaudación fiscal y distribuir de forma más equitativa los recursos hacia las regiones. Se estima que dichas zonas reciban un tercio (US$450 millones) -eso en pesos es $364 500 000 000-
de los US$1.350 millones que recaudará en régimen el proyecto.
En concreto, la ley crea tres fondos entre los cuales se repartirán los montos; el primero, para comunas mineras, donde se repartirán US$55 millones; el segundo, de Equidad, que beneficiará a 302 comunas, las más vulnerables -sean mineras o no-, donde se repartirán US$170 millones; y de Desarrollo que beneficiará a todos los gobiernos regionales entre quienes se repartirán 225 millones de dólares.
Varios alcaldes llegaron hasta el Congreso Nacional para pedir el respaldo parlamentario sobre el proyecto, debido a que afirman que estos recursos serán una herramienta para mejorar la calidad de vida de las comunas, especialmente aquellas que dependen del Fondo Común Municipal y, por otro lado, las mineras, que enfrentan una serie de externalidades negativas producto de dicha actividad.
Diversos medios de prensa hicieron una simulación (basada en el numero de habitantes x $14800) que recibiría cada municipio.
RM Pirque $284.728.450
RM Puente Alto $6.881.957.203
RM San José $281.553.137
Sin mecanismo de fiscalización del gasto
El miércoles, el senador Manuel José Ossandón (RN), y el gobernador de la RM, Claudio Orrego, compartieron los ingresos que recibirían algunas comunas de la región por concepto de royalty minero, correspondientes al fondo de equidad territorial, que llegaría a los US$ 170 millones.
Sólo por mencionar algunas, Cerro Navia recibiría más de $2.132 millones; Conchalí, sobre los $874 millones; Curacaví, más de $349 millones; El Bosque, $2.254 millones; La Cisterna, $529 millones; La Granja, $1.514 millones; La Pintana, $2.801 millones; Lo Espejo, más de $1.332 millones; Maipú $3.100 millones; y Puente Alto, más de $6.881 millones.
¿Cómo se podría fiscalizar el uso de los recursos?
La forma en que los municipios utilicen los eventuales recursos que recibirían, quedarían bajo las normas generales de fiscalización, como por ejemplo, vía Contraloría General de la República (CGR), al tratarse de fondos públicos.
A juicio de María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, hay al menos cuatro maneras, todas complementarias, de aumentar el control de gastos de los municipios.
El primero tiene que ver con una mayor “intensidad de transparencia y rendición de cuentas”. Es decir, que “debieran haber obligaciones periódicas de rendir información a distintas entidades, como al concejo comunal, la comunidad, el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), y la Contraloría”.
Además, plantea que se debieran implementar mayores estándares de transparencia presupuestaria, publicable en sus respectivos sitios web, “sobre cuánto se recibió, cómo se utilizó, etc; una suerte de FECU municipal, con informes de los estados financieros en un formato estandarizado a ser entregados y publicados de manera periódica para dar a conocer su desempeño en dicho periodo”.
En segundo lugar, Jaraquemada propone “asegurar la existencia de las unidades de control con personas capacitadas y que tengan las competencias para ejercer este cargo, pero además, que tengan cierta independencia de las autoridades de turno para no ser cooptadas por ésta o impedidas de ejercer su rol adecuadamente por temor a represalias o desvinculación”.
Como tercer punto, recalca la importancia del rol del concejo municipal, en su rol de contrapeso y fiscalizador, y para esto debe tener las herramientas suficientes para ejercerlo pero también las responsabilidades en caso de no hacerlo adecuadamente”.
En efecto, la CGR puede actuar a raíz de una denuncia, que puede emanar desde un concejal, de parlamentarios o particulares; y en el caso de que exista un gran número de denuncias sobre un mismo caso, el ente contralor evalúa si se realiza una investigación especial o una auditoría.
Sin embargo, el organismo también puede actuar en base a su plan anual de auditorías -por ejemplo, para analizar los contratos que celebran los municipios o el uso de bienes fiscales-, es decir, puede oficiar a las administraciones comunales del proceso que realizará.
